Ámbitos de acción

La Política Nacional de Seguridad Pública 2025–2031 funciona como el marco rector del nuevo Sistema de Seguridad Pública. Su objetivo general es reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y orientando la acción pública con evidencia. La política se estructura en un objetivo estratégico, seis ámbitos de acción y líneas de acción que luego deben traducirse en estrategias, planes, programas y acciones concretas.
Ámbitos de acción

1. Prevención en niñez, adolescencia y juventud

Busca disminuir la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en delitos, tanto como víctimas como infractores. Para ello, pone el foco en intervención temprana, sistemas de alerta, apoyo a familias y cuidadores, prevención de trayectorias delictivas y coordinación entre instituciones sociales, educativas, policiales y judiciales. La idea de fondo es intervenir antes de que la violencia se consolide como trayectoria de vida.

2. Prevención territorial

Apunta a reducir delitos y temor en barrios urbanos, localidades rurales, condominios de vivienda de interés público y espacios públicos. Su énfasis está en participación comunitaria, cohesión social, recuperación y apropiación del espacio público, planificación urbana y rural, control de incivilidades y presencia institucional. Es el ámbito más directamente conectado con la seguridad cotidiana y con el rol de municipios, gobiernos regionales y comunidades.

3. Control del delito

Agrupa las capacidades más directamente asociadas al control estatal: orden público, control de armas, control fronterizo, seguridad privada, prevención del crimen organizado y respuesta frente a nuevas amenazas. Su lógica es fortalecer la capacidad operativa del Estado para anticipar, contener y desarticular fenómenos delictivos complejos, especialmente aquellos asociados a violencia, mercados ilegales y criminalidad organizada.

4. Persecución penal

Se orienta a mejorar la persecución de delitos de alta complejidad, delitos violentos, delitos contra la propiedad y delitos vinculados al crimen organizado. El foco está en aumentar la capacidad investigativa, mejorar el esclarecimiento de delitos, fortalecer la coordinación con el Ministerio Público y robustecer el uso de información e inteligencia criminal. Es el ámbito que conecta la seguridad pública con la eficacia del sistema penal.

5. Sanción, cárceles y reinserción social

Aborda uno de los puntos críticos del sistema: cárceles sobreexigidas, violencia intrapenitenciaria, corrupción, reincidencia y operación criminal desde recintos penitenciarios. La política propone reducir la violencia intrapenitenciaria, la reincidencia y los focos de corrupción mediante segmentación carcelaria, gestión penitenciaria, control interno y programas de reinserción social.

6. Atención y protección a víctimas

Busca mejorar la atención oportuna y la protección de personas víctimas de delitos. Incluye atención especializada, acceso a información sobre procesos judiciales, protección frente a amenazas o represalias y promoción del bienestar personal. Este ámbito es relevante porque instala a la víctima no solo como fuente de denuncia, sino como sujeto de protección, acompañamiento y reparación institucional.